Multinacional presiona a jueces para revertir fallo que benefició a trabajadores sobreseídos.
La poderosa empresa agroexportadora Agrofértil S.A. inició una embestida judicial con el objetivo de revertir una sentencia que absolvió a 27 ex trabajadores acusados de una supuesta apropiación indebida de combustible. La denuncia, según sostienen los propios afectados, no fue más que una maniobra para eludir el pago de indemnizaciones laborales que rondan los 1.500 millones de guaraníes.
Pese a que un tribunal de sentencia había declarado la extinción de la acción penal por vicios procesales, sobreseyendo de forma definitiva a los obreros, la empresa apeló la decisión. Más grave aún, han surgido denuncias de presiones políticas y económicas ejercidas por la firma contra jueces de la Cámara de Apelaciones, con el fin de anular el fallo que favorece a los trabajadores.
Los magistrados Óscar Génez, Lourdes Morínigo y Nelio Prieto habían dictado la resolución A.I. N.º 471 el pasado 30 de octubre, destacada como un fallo valiente en contra de uno de los grupos económicos más poderosos del país. La Fiscalía, sin embargo, se allanó al pedido de apelación de la empresa, conformándose un nuevo tribunal, integrado por los jueces Raúl Insaurralde, Nilda Cáceres y Marino Méndez, quienes hoy se encuentran bajo intensa presión mediática e institucional.
Los trabajadores, la mayoría con trayectorias humildes y sin antecedentes, sostienen que la acusación fue una artimaña de Agrofértil para librarse del compromiso legal de indemnizarlos. La defensa técnica demostró que el Ministerio Público incumplió el plazo procesal para presentar la acusación, lo que fue determinante para la extinción de la causa.
En total, los beneficiados por el fallo son: Sergio Torales Agüero, Tomás Bento Villalba, César Núñez, Modesto Bernal, Miguel Ángel Cardozo Ayala, Eliodoro Benítez Peralta, entre otros. Todos ellos ahora impulsan demandas laborales para reclamar las indemnizaciones que consideran legítimamente suyas.
Mientras tanto, sectores sociales, sindicales y ciudadanos observan con preocupación el actuar de la multinacional, que lejos de asumir sus obligaciones, busca doblegar al sistema judicial paraguayo mediante su influencia económica y política. La atención está puesta sobre los nuevos jueces, de quienes se espera imparcialidad y firmeza frente al poder.
