Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, presentó graves hallazgos sobre el manejo de fondos públicos durante la administración de Miguel Prieto. En conferencia de prensa sostuvo en la mañana de este miércoles que existió un esquema institucionalizado para evadir controles y burlar la ley. Detalló graves irregularidades en la gestión del líder de “Yo Creo”.
En el día 31 de la intervención dispuesta en la Municipalidad de Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez reveló en conferencia de prensa una serie de irregularidades verificadas por su equipo técnico, que confirman varias de las denuncias formuladas previamente por la Contraloría General de la República (CGR). Entre los principales hallazgos figura el uso de comisiones vecinales como mecanismo para triangular fondos públicos y evitar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas.
Según detalló Ramírez, se comprobaron irregularidades en la asignación de más de 3.000 millones de guaraníes durante el ejercicio fiscal 2020, mediante transferencias que no fueron justificadas con proyectos ni documentación básica exigida por las normativas vigentes. Estas prácticas, según el interventor, se repitieron durante los ejercicios 2021 y 2022, revelando un patrón sostenido de irregularidades administrativas.
Uno de los casos más alarmantes fue el pago a una empresa dos días antes de su adjudicación formal. “Eso demuestra que los procesos de selección eran ficticios, pues los adjudicatarios ya estaban definidos de antemano”, indicó Ramírez, mostrando documentación que respalda la denuncia.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran:
* Transferencias sin respaldo documental ni cuentas bancarias a beneficiarios.
* Incumplimiento de obligaciones impositivas y normas contra el lavado de dinero.
* Simulación de procesos competitivos mediante comisiones vecinales intermediarias.
* Falta de rendición de cuentas conforme a los protocolos establecidos.
* Proyectos elaborados internamente por la misma Municipalidad para justificar fondos.
Ramírez fue enfático al señalar que no se trata de simples desprolijidades administrativas, sino de “un proceso institucionalizado para violar la ley y evitar controles de manera sistemática”, configurando hechos que podrían ser punibles.
El informe parcial presentado por la intervención abarca aproximadamente el 30 % de las 114 observaciones formuladas por la CGR. La revisión documenta la responsabilidad de funcionarios de distintos niveles, desde el nivel directivo hasta técnicos municipales.
Finalmente, el interventor subrayó que ya existen investigaciones abiertas por parte del Ministerio Público ante los indicios de direccionamiento de adjudicaciones y posibles vínculos con empresas beneficiadas.
