En un intento por endurecer el castigo contra crímenes violentos y reiterados, el diputado Rubén Rubín presentó este viernes un proyecto de ley que propone una reforma significativa del Código Penal paraguayo. La iniciativa contempla elevar la pena máxima a 90 años para casos de homicidio y delitos especialmente graves, además de introducir la acumulación de condenas y el concepto de prisión permanente revisable.
El proyecto fue presentado en conferencia de prensa junto al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y el senador liberal Dionisio Amarilla, quienes respaldaron la propuesta. Según explicó Rubín, la reforma busca dar una respuesta legal más contundente ante la escalada de violencia en el país y alinearse con mecanismos ya vigentes en otros países de la región.
“Por nuestra Constitución, no podemos aplicar la cadena perpetua tal como lo hacen otros países. Pero podemos recurrir a la figura de la prisión permanente revisable, que permite castigos severos sin cerrar la puerta a una eventual reinserción”, sostuvo el legislador.
El texto modifica el artículo 38 del Código Penal, estableciendo que la duración máxima de la pena puede alcanzar los 90 años. En casos de condenas iguales o superiores a 50 años, se habilita una revisión judicial, sin eliminar por completo la posibilidad de libertad, dependiendo de la evaluación del cumplimiento y rehabilitación del condenado.
Uno de los cambios más llamativos es la acumulación de penas: si una persona comete múltiples homicidios, recibirá una sentencia por cada víctima, sumándose los años de forma individual. Esto apunta directamente a crímenes de alto impacto, como asesinatos múltiples o feminicidios en contexto de violencia sistemática.
La propuesta también busca eliminar vacíos legales en delitos como el abuso sexual infantil. Aunque la pena fue elevada recientemente a 30 años, la redacción vigente -que incluye el término “hasta”- aún permite a jueces aplicar condenas considerablemente menores. Con esta modificación, se establecería un rango más riguroso, eliminando la ambigüedad.
Rubín aclaró que el proyecto no modifica por ahora la edad de imputabilidad penal, pero reconoció que es un debate pendiente que planea abordar en futuras iniciativas legislativas.
