La audiencia preliminar en la que se iba a definir si Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, y otros acusados enfrentarán juicio por un presunto negociado en la compra de alimentos durante la pandemia, fue nuevamente suspendida. Esto ocurrió luego de que el abogado Roberto Carlos Benítez recusara al juez Humberto Otazú, alegando que el magistrado mantiene odio y resentimiento hacia él, lo que -argumenta- comprometería su imparcialidad e independencia.
Benítez, quien en otra causa recibió un arresto disciplinario ordenado por el mismo juez, consiguió así aplazar la audiencia prevista para hoy. La Cámara de Apelación será la encargada de destrabar la causa y decidir si confirma o aparta al juez, paso indispensable para que la audiencia preliminar pueda concretarse y determinar si la causa seguirá a juicio.
Según la Fiscalía, Miguel Prieto lideró un esquema de desvío de recursos municipales que causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.160. La estructura involucraba a funcionarios y directores municipales, así como a terceros. Entre los imputados figuran: la Lic. Maggi Fariña, coordinadora de la UOC; el Econ. Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social y actual concejal; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Fermín Ávalos Britos, de Tía Chela S.R.L.; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.
De esta manera, Prieto y las personas que formaron parte de su esquema vuelven a recurrir a maniobras dilatorias para retrasar su comparecencia ante la justicia, pese a que el exintendente, destituido por hechos de corrupción, asegura públicamente que se someterá a los procesos judiciales. Hasta ahora, acumula más de 50 denuncias en su contra ante el Ministerio Público, la mayoría presentadas por la Contraloría Ciudadana.
