El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, afirmó que la reducción de la edad de acceso a la pensión universal para adultos mayores se dará de manera gradual, conforme a lo que establece la ley, y aseguró que el programa no está en riesgo, al tratarse de una de las principales prioridades del Gobierno de Santiago Peña.
El secretario de Estado explicó que el sistema de incorporación se rige por criterios legales que fijan un cupo anual de nuevos beneficiarios, lo que obliga a que la expansión sea progresiva. Actualmente, la inclusión se realiza de mayor a menor edad, en función de la disponibilidad presupuestaria.
En ese contexto, detalló que entre febrero y marzo se incorporaron más de 24.000 adultos mayores, alcanzando un total superior a 360.000 beneficiarios. Desde noviembre de 2024, unas 58.000 personas ingresaron al programa mediante el nuevo esquema de inclusión.
Rojas indicó que la normativa vigente prevé el ingreso de aproximadamente 30.000 nuevos beneficiarios por año, a lo que se suman entre 10.000 y 12.000 plazas adicionales generadas por bajas naturales, principalmente por fallecimientos. Esto permite estimar un crecimiento anual de entre 38.000 y 40.000 incorporaciones.
Respecto a la meta de reducir la edad mínima hasta los 65 años, el ministro señaló que, si las condiciones financieras lo permiten, este año podría alcanzarse la franja de 67 años, para luego aproximarse al objetivo final en el siguiente periodo.
“El objetivo es cubrir toda la franja de 65 años y luego mantener un equilibrio entre ingresos y egresos dentro del sistema”, explicó.
Asimismo, rechazó versiones que advertían sobre un posible debilitamiento del programa, señalando que la política de “economía de guerra” anunciada por el Ejecutivo se enfoca en recortar gastos superfluos del Estado, pero no afecta a los programas sociales, las inversiones públicas ni la provisión de medicamentos.
En cuanto a los reclamos para aumentar el monto de la pensión, actualmente equivalente al 25% del salario mínimo, sostuvo que la prioridad del Gobierno es ampliar la cobertura antes que elevar el beneficio. “Sería injusto incrementar el monto para algunos mientras otros aún no acceden”, argumentó.
El programa de pensión para adultos mayores representa una de las mayores inversiones sociales del Estado, absorbiendo cerca del 67% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente, implica una ejecución mensual cercana a los 41 millones de dólares y una proyección anual que ronda los 490 millones.
Finalmente, el ministro subrayó que cualquier ampliación, ya sea en cobertura o en el monto del beneficio, dependerá de la disponibilidad financiera y de las decisiones del equipo económico, reiterando que la institución cumplirá “a rajatabla” lo que establece la ley vigente.
Fuente:ADN
