La caída de Santiago Peña no terminó con su destitución de la Presidencia de la República. Horas después de ser apartado del cargo mediante un juicio político en la Cámara de Senadores, el Ministerio Público presentó una imputación en su contra por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles, en el marco de la causa N.º 92/2026, relacionada con la crisis de Ueno Bank.
Peña fue destituido tras un juicio político que se extendió durante varias horas. Las acusaciones en su contra apuntaron al presunto mal desempeño de funciones y a posibles conflictos de intereses vinculados con la entidad bancaria y el Grupo Vázquez.
La defensa del ahora expresidente estuvo a cargo de los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, luego de que Peña no se presentara ante el Congreso para ejercer personalmente su defensa.
La investigación fiscal
Entre los antecedentes de la investigación figuran presuntas irregularidades en la supervisión de Ueno Bank, posibles conflictos de intereses relacionados con los vínculos de Peña con el Grupo Vázquez y cuestionamientos sobre la actuación de organismos públicos.
También se encuentran bajo análisis las colocaciones de recursos estatales en la entidad bancaria, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Caja Fiscal.
El Ministerio Público busca esclarecer las eventuales responsabilidades de autoridades estatales en las operaciones financieras cuestionadas y determinar si existieron conductas que configuren hechos punibles.
Hasta el momento, no se dispone del acta de imputación para precisar cuáles de estos hechos fueron atribuidos específicamente a Peña ni qué medidas solicitó la Fiscalía.
La imputación constituye el inicio de una etapa procesal y no representa una condena ni implica que se haya demostrado su responsabilidad penal.
