La actuación del Ministerio Público vuelve a quedar bajo fuertes cuestionamientos. Las presuntas demoras en allanamientos considerados fundamentales para la investigación contra el expresidente Santiago Peña colocan al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el centro de una creciente tormenta política.
Uno de los puntos más polémicos es la supuesta demora de cuatro días para intervenir la sede central de Ueno Bank, pese a que la autorización judicial habría estado disponible desde el 5 de noviembre. A esto se suma el ingreso a Mburuvicha Róga, que, según los cuestionamientos, se produjo recién seis días después de la imputación del exmandatario.
En una investigación de semejante trascendencia, cada hora cuenta. Las dilaciones denunciadas plantean serias dudas sobre la capacidad del Ministerio Público para garantizar la preservación de pruebas fundamentales. ¿Por qué se habría esperado tanto? ¿Quién dispuso los tiempos de intervención? ¿Qué garantías existen de que las evidencias permanecieron intactas?
La gravedad de estos interrogantes exige explicaciones documentadas, no respuestas evasivas. Aunque las demoras por sí solas no demuestran encubrimiento ni desaparición de pruebas, tampoco pueden ser minimizadas cuando está en juego la credibilidad de la persecución penal.
Mientras tanto, el eventual juicio político contra Rolón gana protagonismo en la Cámara de Diputados. La atención también se dirige hacia su presidente, Raúl Latorre, ante los reclamos para que se tramite la iniciativa.
La Fiscalía no puede exigir confianza mientras deja preguntas fundamentales sin responder. Rolón tiene la responsabilidad institucional de aclarar qué ocurrió, justificar las decisiones adoptadas y demostrar que la investigación avanzó sin privilegios ni interferencias.
Porque cuando la Justicia demora en actuar frente al poder, la sospecha crece y la confianza ciudadana se debilita.
