El director general de control de la Contraloría General de la República (CGR), Paul Ojeda, confirmó la existencia de graves irregularidades en la contratación de la empresa “Tía Chela” por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, durante la pandemia del Covid-19 en el año 2020. Por el caso están imputados el intendente Miguel Prieto y otras diez personas allegadas a él.
En entrevista la emisora 680 AM, Ojeda reveló que la contratación de la empresa estaba “viciada de irregularidades”, argumentando que se encontraron serias incongruencias en el pliego de bases y condiciones, específicamente relacionadas con la experiencia y capacidad financiera requeridas para llevar a cabo el contrato. Según Ojeda, estas irregularidades parecían estar diseñadas para favorecer a la firma adjudicada, “Tía Chela”.
Señaló que, lamentablemente durante la pandemia otras instituciones también habían aplicado procedimientos similares, principalmente en la compra de medicamentos, lo que evidencia un problema sistémico que debe ser abordado de manera urgente.
El intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras diez personas, están imputadas con relación al caso. El Ministerio Público sospecha de una supuesta compra fraudulenta de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia del Covid-19, en el 2020. Se habla de un perjuicio patrimonial de 1.769.790.000 de guaraníes mediante una licitación convocada por la vía de excepción y adjudicada a la firma Tía Chela.
Uno de los fiscales del caso, Silvio Corbeta, comentó que la firma “Tía Chela”, beneficiada en la supuesta compra ficticia de kits de alimentos, subcontrató a su vez a la expareja de Miguel Prieto.
Según Corbeta, la citada firma habría brindado información con múltiple “inconsistencias”. No tenía stock, capacidad técnica ni financiera para proveer a la municipalidad de CDE. Además, la misma firma se proveía a su vez de empresas “de maletín”.
Fuente: ADN Digital
