Reportan 36 imputados por violar cuarentena

La fiscal penal de turno, Cinthia Leiva Cardozo, imputó en las últimas horas a 36 personas que habrían transgredido la Ley 716/96, Art. 10, Inciso B, Violación de Cuarentena Sanitaria por COVID-19, en la capital del Alto Paraná. Con anterioridad, la misma representante del Ministerio Público ya había procesado a otros 18 transgresores.

Los imputados son Francisco Bordón Cáceres, María Liliana Figueredo Benítez, Deidamia Figueredo Benítez, Juan Condori Fernández, Lauro César Alcaraz Noguera, Franklin Manuel Ayala, Juan Grégor Villalba Chávez, Juan Manuel Díaz Ortiz, Laura Belén Arriola Benítez, Verónica Beatriz Sanabria González, Marcial Insemblante Ortiz, Wilson Ariel Armoa Samudio y Jorge Antonio Meza Cubilla.

La lista sigue con Jihad Abdul Amir Hijazi, Ibrahim Mohamed Zahoui, Md Anwar Siddik, Mario Eligio Adorno Gauto, Bruto Freitas Franco, Sebastián Delgado Villanueva, Carlos Ramón López González, Bernardo Pereira Brítez, Roque Gustavo Alegre Ortiz, Carlos Samir Penayo Ortiz, Gregory Rogelius Lepretti, Benjamín Salinas Espínola, Arturo Elías Godoy Portillo y Jonathan Marcelo Domínguez Argüello.

Igualmente, fueron procesados Milciades Martínez Román, William Manuel Barreto Barrios, Luz Azucena Yerutí Troche Escobar, Reinaldo Vera Delvalle, Félix Fernando Rodas Diana, Clementina Rocío Ibarra Ibarrola, Mario Varela Quiróga, Guillermo Alejandro Páez Campuzano y Anselmo Adrián Garcete Balbuena.

Todos ellos fueron aprehendidos en distintos puntos de Ciudad del Este, tras ser sorprendidos en los últimos días en flagrante violación del Decreto Presidencial, que restringe la circulación de personas y vehículos con la finalidad de evitar la propagación del Coronavirus en territorio nacional.

Asimismo, fueron retenidos 28 vehículos durante los procedimientos ruteros, en los cuales coadyuvaron los agentes fiscales Edgar Torales Gamarra, Alcides Giménez Zorrilla, Nilsa Torales, Zunilda Ocampos y Víctor Adolfo Santander.

La fiscal Cinthia Leiva solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación del arresto domiciliario para todos los imputados y pidió 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.