Esquema de extorsión de la cárcel era integrado por guardiacárceles, reos y civiles

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La organización criminal de extorsión que operaba desde la cárcel de Ciudad del Este y fue desmantelada este martes era integrada por guardiacárceles, reos y civiles. El operativo se realizó en el marco de la fase 3 de la Operación Jetypeka. La víctima, un colono brasileño, llegó a abonar millonarias sumas y como la extorsión siguió, decidió denunciar las amenazas de secuestro y asesinato que recibía. Tras una investigación se logró detener a diez personas, tras ejecutarse cinco allanamientos.

Los investigadores realizaron los procedimientos con mucho sigilo, para asegurar que los funcionarios de la penitenciaría no lleguen a filtrar los datos de la pesquisa. Los operativos estuvieron a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, titular de la Unidad Especializada Antisecuestro.

Estuvo acompañada del fiscal adjunto de la citada unidad, Federico Delfino y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas, además de los agentes policiales de Antisecuestro. Los intervinientes relataron que el 10 de mayo pasado, la víctima recibió el primer mensaje de extorsión, desde una línea telefónica brasileña. Al día siguiente el afectado realizó los giros dinero de la suma de G. 13.000.000 a tres números telefónicos diferentes (paraguayos) y esa misma fecha volvieron a enviar los mensajes extorsivos.

El 12 de mayo se realizó la denuncia y se dio inicio a la investigación en la Oficina Regional del Departamento Antisecuestro de Personas, pues la víctima contó que recibió amenazas de muerte y secuestro que afectaría tanto a él como a su familia. El 7 de junio pasado, la víctima volvió a recibir extorsión y amenaza, inclusive un video realizado en inmediaciones de su vivienda, donde se puede apreciar a varios sujetos armados intimidándole.

Luego el monto de dinero exigido subió, alcanzando la suma de US$ 100.000, quedando como fecha tope para el pago el día de hoy, hasta la puesta del sol, fecha en que se ejecutaron los procedimientos.

Los primeros allanamientos se realizaron en las celdas de la cárcel regional de Ciudad del Este y posteriormente en los puestos de cobros de los giros efectuados por la víctima. En los demás allanamientos, que se desarrollaron en los barrios San Francisco de Hernandarias y La Blanca y Carmelitas de Ciudad del Este, fueron detenidos los sospechosos. Los detenidos son Freddy Antonio González, Adolfo Paredes, Gloria Estela Cantero Domínguez, Jonás de Amaral Bentos y Liza Gutiérrez Alarcón, quienes son investigados por los supuestos hechos punibles de extorsión, extorsión agravada y coacción grave. Los dos primeros son guardiacárceles.

Los mismos supuestamente se encargaban de entregar la plata de la extorsión a los reclusos, que era cobrada por otros integrantes de la banda a través de billeteras electrónicas. Los demás reclusos presumiblemente implicados en las extorsiones serían Adilson Marques, Ramón Fretes Viveros, Ángel Gabriel Colmán y Edgar Ferreira. Mientras Marcio Cuadra Caetano sería la persona que facilitó informaciones sobre la víctima, según los datos.

En uno de los operativos, fue intervenida la Farmacia Astral, en el distrito hernandariense, donde fue detenida Liza Gutiérrez Alarcón, propietaria del local, con más de G. 18 millones, monto que estaba depositado a nombre del recluso Edgar Ferreira. El dinero también sería producto de extorsiones a otras víctimas de la misma banda.

En la oportunidad, igualmente fueron requisados cuatro vehículos, ocho celulares, un DVR de almacenamientos de imágenes y una agenda de registro de datos, al igual que otras evidencias.

Minna da seguimiento familiar a participantes del Programa Abrazo

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Familias participantes del Programa Abrazo que acuden al Centro de  Remansito en Ciudad del Este y Caacupé , reciben seguimiento continuo por parte del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

Con el seguimiento continuo a las familias participantes del Programa Abrazo, el Minna busca ayudarlas a cumplir sus compromisos y corresponsabilidades.

El seguimiento consiste en la asignación de un técnico social a la familia, que es la persona encargada de orientar, dirigir y monitorear las actividades familiares y les ayuda para tomar las mejores decisiones.

El técnico social brinda apoyo para mejorar el ambiente familiar y elevar su calidad de vida, con la participación de los miembros de la familia.  Las dimensiones trabajadas por dichos profesionales abarcan las áreas de salud y educación.

Cabe mencionar que en los últimos 18 meses, en contexto de pandemia, período 2020 – 2021 el Programa Abrazo realizó unos 20.500 seguimientos familiares. Además de entregar unos 708.304  kilos  de alimentos no perecederos,  distribuidos en cestas básicas,  a unas  2.500 familias y también  desarrolló  la cobertura a 12.800 beneficiarios en concepto de microseguro social.

El programa llega a 12 departamentos a nivel nacional y 32 distritos donde se ubican 45 Centros de Atención a niñas, niños y adolescentes. El principal objetivo es  la erradicación progresiva del trabajo infantil, orientado a la protección de los mismos.

 

 
 

Fallece conocido médico hernadariense por Covid-19

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HERNANDARIAS. Se trata del doctor Gustavo René González Ortiz, quien estuvo internado por varios días tras sufrir complicaciones derivadas del Covid-19. El galeno se había negado a inmunizarse contra el coronavirus.

La semana pasada también se registró el deceso de la pediatra hernandariense Gloria Rojas (45) a consecuencia del virus. La médica tampoco se aplicó la vacuna anticovid, porque no creía en la eficacia de los biológicos. Falleció luego de haber estado internada en el Hospital Integrado Respiratorio (IPS-MSP) desde el 13 de mayo pasado.

En total, son 16 los trabajadores de blanco fallecidos en el décimo departamento, entre ellos los médicos Carlos Domínguez, Jorge Bordón, Cristian David Insaurralde, Fabio Franco y José Cabrera, como también los enfermeros Laura Dielma, Darío Duarte, Anselma Irigoyen, Lucía Cantero, Alfonso Martínez y Rossana Sanguinez.

Asimismo, perdieron la vida el radiólogo Derlis Barreto, Isidora Aguirre de Dielma, de Servicios Generales, y Noemí Galván, del sector administrativo.

Fuente: La Clave

Pastoral Social con asistencia a familiares de pacientes con COVID

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Para brindar asistencia a familiares de pacientes internados por Covid-19, la Pastoral Social de la Diócesis de Ciudad Del Este habilitó una oficina de atención integral en el Instituto de Previsión Social (IPS), en coordinación con otras instituciones.

Desde el pasado viernes se encuentran instalados en las previsional,  el P. Ecar Kleide Rolón, coordinador de la Pastoral Social y un grupo de voluntarios para prestar asistencia las 24 horas a los familiares de internados en Hospital Integrado Respiratorio. Esta actividad se lleva a cabo en el marco del proyecto denominado “Farmacias populares”, para personas que se encuentran en UTI.

Los servicios que prestan en dicha oficina son asistencia espiritual como confesiones, misas; medicamentos y traslado de familiares que necesiten salir del hospital para realizar alguna gestión concerniente a su paciente.

Así también, se encuentra instalada una tienda de campaña con mesas y sillas donde los familiares podrán almorzar diariamente.

Fuente:La Clave

Médicos de CDE se niegan a conformar junta para pericia del caso de joven que quedó en estado vegetativo

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El tribunal que juzga a dos médicas por el caso de la joven que quedó en estado vegetativo luego de una cesárea dispuso la realización de una pericia. Sin embargo, los médicos de CDE propuestos rechazaron formar parte del equipo que estudiará los antecedentes clínicos.

El juicio oral y público por lesión culposa en contra de la ginecóloga Rosana Nikonchuk y la pediatra Griselda Sánchez se desarrolla en el Poder Judicial de Ciudad del Este, a cargo de la jueza Flavia Recalde.

Se trata de una querella presentada por los familiares de Raquel Miranda Alcaraz, de 29 años, quien el 3 de enero del 2020 fue sometida a una cesárea en el Sanatorio Central y quedó en estado vegetativo, así como su bebé sufrió quemaduras.

El abogado querellante, Delio Giménez, explicó que en el marco del juzgamiento, el tribunal unipersonal dispuso la realización de una pericia al historial clínico, por lo que las partes debían proponer a los médicos para la conformación de una junta médica.

“Los familiares habían buscado algunos médicos para proponer como peritos, pero no consiguieron. Ninguno de los médicos de Ciudad del Este quiere comprometerse para realizar los estudios correspondientes”, dijo.

Agregó que también habían solicitado que los tres médicos forenses del Poder Judicial de esta zona del país integren el equipo, pero estos se inhibieron. “Ante esta situación, el tribunal dispuso nombrar al doctor Pablo Lemir para estudiar el caso como uno de los peritos”, contó.

Hasta el momento, el juicio se desarrolló con la presentación de pruebas testificales y documentales. La siguiente jornada continuará el 16 de junio, a las 14:00, con la constitución del juzgado en el domicilio de la joven Raquel Miranda para la verificación in situ de su situación.

Fuente:ABC Color