Tres conductores de camiones fueron procesados por el Ministerio Público por el ingreso de productos frutihortícolas de contrabando. De los vehículos se requisó gran cantidad de mercaderías, durante un control de rutina realizado ayer en el distrito de Yguazú.

Los imputados son Tomás Dávalos Sanabria (48), Alexis Andrés Venialgo Irala (27) y Nelson David Olmedo (27), quienes enfrentan cargos por CONTRABANDO. La investigación está a cargo del fiscal Ysrael Villalba Ramírez.

De acuerdo con la investigación, los tres vehículos que transportaban las mercaderías irregulares fueron retenidos ayer, a las 16:00 horas aproximadamente, en el Puesto de Control aduanero ubicado en el kilómetro 60 de la ruta PY02, en el distrito de Yguazú.

El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), quienes solicitaron la intervención de la unidad especializada en la lucha contra el contrabando, así como del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía Nacional.

Los vehículos incautados son un camión Scania de color blanco, con matrícula OBJ 736, conducido por Dávalos Sanabria; otro camión Scania celeste, con chapa KAK 661, conducido por Venialgo Irala; y un tractocamión Scania verde, con patente BPH631. Los encausados transportaban una gran cantidad de productos, incluyendo tomates, locotes, limones, batatas, zapallos, remolachas, repollos y pimentones, sin la documentación que acredite su introducción legal al país.

Los rodados con su respectiva carga fueron trasladados al depósito del recinto aduanero, donde se realizó una verificación que constató el supuesto hecho punible de contrabando. Considerando los elementos de sospecha, el fiscal Villalba Ramírez inició el proceso penal contra los tres implicados y solicitó la prisión preventiva para los mismos.

Tomás Dávalos Sanabria, Alexis Andrés Venialgo Irala y Nelson David Olmedo se encuentran detenidos en la sede del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, ubicado en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, a disposición del Juzgado de Garantías. Los mismos se exponen a una pena carcelaria de entre 5 y 10 años, según lo establecido por la ley.

Fuente: ABC