A pesar de las numerosas denuncias en su contra, Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, sigue tan campante y gozando de plena libertad porque la Justicia tiene serios problemas para procesarle debido a las reiteradas chicanas que presenta para frenar cualquiera de sus causas.
Esto ocurrió de nuevo hoy, al presentar una recusación en contra de un juez y seis fiscales, con el objetivo de suspender la audiencia preliminar en la que debe comparecer en el Palacio de Justicia.
Prieto enfrenta cargos por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco de la compra irregular de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
Hoy recusó a los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscala adjunta Soledad Machuca.
Aldo Ynsfrán, periodista de Nación Media, informó que el intendente de CDE también recusó al juez penal de garantías Humberto Otazú, bajo el argumento de supuestas vinculaciones familiares con sectores políticos adversarios. Esta recusación será analizada por la Cámara de Apelaciones, lo que podría postergar nuevamente la audiencia en la que debía definirse si Prieto y otros acusados van a juicio oral.
De acuerdo con el Ministerio Público, el perjuicio al Estado en este caso supera los 350 millones de guaraníes. La Fiscalía sostiene que existieron irregularidades graves en la utilización de fondos públicos destinados a kits alimentarios durante la emergencia sanitaria.
Esta estrategia forma parte de una narrativa política de victimización por “persecución”, utilizada por el jefe comunal para deslegitimar el accionar de los órganos de control del Estado. Algunos ex colaboradores de Prieto, como la ex auditora Magdalena Montiel, fueron quienes impulsaron varias de las más de 30 denuncias que actualmente pesan sobre el intendente.
El juez Otazú, por su parte, está habilitado a aplicar sanciones disciplinarias tanto a los acusados como a sus representantes legales en caso de verificarse una conducta obstruccionista.
