El ingeniero Ángel Recalde, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), manifestó su preocupación por la falta de definiciones y de una estrategia visible del Paraguay en el proceso de renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuyo plazo de revisión se prolonga sin avances concretos.
“Esto se está prolongando, y el problema no es que se prolongue, sino que no vemos con claridad cuál es nuestra propuesta para el futuro”, expresó durante una entrevista en el programa “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM–Nación Media y canal GEN.
Recalde sostuvo que existe incertidumbre sobre el rumbo que tomará el país una vez concluya el período de ingresos extraordinarios derivados de los acuerdos vigentes. “Hoy tenemos ingresos extraordinarios por tres años -el pasado, el presente y el próximo-, pero ¿y después qué? ¿Qué es lo que nos espera?”, cuestionó.
El ex titular de la EBY señaló que el debate público sobre el Anexo C creció en los últimos años, pero aún no se define “en qué cancha queremos jugar el partido”. Dijo que la falta de una posición clara puede deberse a que “se escondan las intenciones por estrategia o, peor aún, a que no exista ninguna estrategia”.
El futuro de Itaipú y el rol del Estado paraguayo
Recalde recordó que Itaipú fue concebida como una empresa sin fines de lucro, pero propuso abrir el debate sobre la posibilidad de que genere rentabilidad para el país. “El negocio de la electricidad es uno de los más rentables del mundo. ¿Por qué no pensar en una empresa que tenga lucro, siendo que el 50% es nuestro?”, se preguntó.
El ingeniero también planteó que, así como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene en su carta orgánica la obligación de mantener una rentabilidad de entre 8 y 10% sobre sus activos, Itaipú podría aspirar a un esquema similar.
Crítica a la interpretación oficial
Recalde cuestionó, además, declaraciones del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien sostuvo que la eliminación de los llamados “gastos sociales” de Itaipú sería compensada con recursos para la ANDE, lo que fortalecería financieramente a la empresa estatal.
“No está previsto en ningún lado del Anexo C que la ANDE tenga que tener algún beneficio. Teóricamente, nadie debe tener beneficio directo de este tema”, aclaró Recalde, añadiendo que los gastos sociales fueron incorporados posteriormente y no figuran entre los costos reconocidos por el documento original.
Según el exdirector, una reducción de la tarifa de USD 19,28 a USD 10 o 12 por kilovatio podría disminuir el costo operativo para la ANDE, pero advirtió que esa medida no implica un aumento automático de su rentabilidad.
Finalmente, insistió en que el Paraguay debe definir con precisión qué busca obtener de Itaipú tras la revisión del Anexo C. “El objetivo tiene que ser lograr el máximo beneficio posible para el país”, enfatizó.
Fuente: ADN
