Una compleja maniobra comercial dejó en la ruina a nueve productores de San Alberto, Alto Paraná, quienes perdieron sus tierras tras ser víctimas de un esquema fraudulento iniciado por la acopiadora de granos “Buen Futuro”, administrada por dos ciudadanos brasileños.
Pese a que los agricultores honraron todas sus deudas, la empresa nunca les restituyó los pagarés cancelados. Por el contrario, los documentos habrían sido colocados de forma irregular en manos de Tecnomyl S.A. (Grupo Sarabia), encabezada por Marcos Sarabia, que posteriormente los presentó como instrumentos plenamente válidos.
La operación terminó arrastrando a los afectados a un extenso litigio judicial que se arrastra desde el 2015 y que, con el tiempo, alcanzó incluso al Banco Continental. Esta entidad habría aceptado como garantía los inmuebles pertenecientes a los productores, aun cuando ya estaban sujetos a un conflicto legal.
El caso expone una presunta red de conexiones entre empresas privadas, actores del sistema judicial y entidades financieras, dejando a los agricultores sin tierras y atrapados en un proceso judicial que no les brinda soluciones.
