El presidente del gremio de magistrados judiciales del Paraguay, Ángel Cohene, alertó que una eventual modificación de la Caja Fiscal en el ámbito del Poder Judicial podría derivar en jubilaciones y renuncias masivas, lo que afectaría gravemente el funcionamiento del sistema de justicia. Cohene aseguró que la caja jubilatoria no registra déficit y que las reformas generarían incertidumbre entre los funcionarios judiciales.
En diálogo con el programa “Así son las cosas” por Universo 970 AM y canal GEN-Nación Media, Cohene explicó que magistrados, actuarios, defensores públicos y fiscales no aceptarán cambios unilaterales en las condiciones jubilatorias que rigen desde hace décadas. “Estamos trabajando coordinadamente con la Asociación de Defensores Públicos, la Asociación de Jueces, la Asociación de Fiscales y los sindicatos de actuarios del Poder Judicial”, afirmó.
El gremialista indicó que este lunes mantendrán una agenda intensa en el Congreso Nacional, donde fueron convocados por comisiones legislativas y tienen previstas reuniones con varios senadores, entre ellos Natalicio Chase, para exponer su postura frente al proyecto de modificación de la Caja Fiscal.
Actualmente, los magistrados y actuarios están amparados por el Decreto Ley 23/54, que establece la jubilación a los 50 años de edad con 24 años de servicio. La propuesta en debate busca elevar este umbral hasta los 57 años, lo que genera preocupación entre los funcionarios. “Si a alguien le cambian las reglas de juego de un día para otro, es lógico que opte por la jubilación más benéfica”, sostuvo Cohene, señalando que unos 250 magistrados ya cuentan con resoluciones de jubilación y podrían acogerse de inmediato.
El dirigente también advirtió que magistrados con entre 10 y 15 años de aportes, así como defensores públicos y fiscales con resoluciones ya otorgadas, quedarían en situación incierta si se aprueba la reforma. La consecuencia directa sería un impacto significativo en la administración de justicia, ya que el Consejo de la Magistratura tarda entre un año y medio en cubrir cada vacancia. “Imagínese el problema institucional si se concreta una jubilación masiva”, enfatizó.
Por último, Cohene rechazó los argumentos sobre un supuesto déficit en la caja de magistrados. Según explicó, hasta 2023 existía un superávit acumulado, y el desequilibrio actual se debe más a rumores y a la incertidumbre generada por el proyecto de ley que a problemas financieros reales. “Si sumamos el superávit acumulado con lo que hoy se considera déficit, la caja de magistrados no está en déficit”, concluyó.
Fuente: ADN
