El Poder Ejecutivo estableció nuevas reglas para la ejecución del gasto público mediante el Decreto N° 6120, titulado “Por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”, que fija como eje central la priorización de recursos para salud, educación, seguridad y programas sociales dentro del Presupuesto General de la Nación 2026.
La normativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado, reforzar la disciplina fiscal y asegurar una administración más eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos, en el marco de la Ley de Administración Financiera del Estado y la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El decreto establece lineamientos para evitar el crecimiento de gastos no prioritarios y la asunción de compromisos sin respaldo presupuestario, promoviendo criterios de austeridad, planificación y uso eficiente del gasto estatal.
En ese sentido, se fija como prioridad la asignación de recursos a sectores esenciales como salud, educación, seguridad y programas sociales, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios básicos destinados a la ciudadanía.
Asimismo, las instituciones públicas deberán dar preferencia a los Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a los Recursos del Tesoro (Fuente 10), con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y optimizar la ejecución presupuestaria.
Otra disposición relevante establece la elaboración de planes institucionales de regularización de deudas con proveedores y contratistas, a fin de ordenar los compromisos financieros y fortalecer la transparencia en la gestión del Estado.
El decreto también introduce restricciones a gastos considerados no esenciales, como la compra de equipamientos de oficina, servicios de catering y nuevas inversiones que no estén vinculadas a prioridades estratégicas.
Además, se dispone que determinadas modificaciones en las cuotas del Plan Financiero requerirán autorización previa del MEF, lo que refuerza los mecanismos de control y seguimiento del gasto público.
Fuente: ADN
