Los senadores Natalicio Chase, Basilio “Bachi” Núñez y Antonio Barrios presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Banco Central del Paraguay (BCP) un informe detallado sobre las operaciones de Ueno Bank S.A., con especial énfasis en aquellas vinculadas a personas y empresas relacionadas. El pedido, ingresado el 7 de septiembre de 2026, busca transparente el cumplimiento de los límites prudenciales y conocer las medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos ante eventuales infracciones.
Entre los puntos requeridos destacan las operaciones con Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuui S.A., Franade S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros. Los legisladores solicitan precisar si se registraron excesos en los límites de financiamiento a partes vinculadas, la fecha de su detección, su magnitud y la duración de la irregularidad. Asimismo, piden información sobre la venta de cartera a Vinanzas S.A. por USD 35 millones y G. 36.900 millones, requiriendo que la Superintendencia confirme si se verificó la trazabilidad y el destino de los fondos.
El documento consulta si el órgano regulador solicitó a Ueno Bank un plan de regularización, si aplicó medidas cautelares conforme al artículo 34 (numeral 3) de la Ley N.º 6104 o si inició sumarios administrativos. Para verificar estas actuaciones, los senadores requieren copias de los informes de inspección de 2025 y 2026, dictámenes jurídicos y actos administrativos vinculados a la subsanación de los excesos.
Por último, la resolución indaga sobre la gestión interna de la supervisión y posibles conflictos de interés. Se cuestiona la tramitación de un memorando del 10 de julio de 2026 atribuido al gerente de Supervisión, Fernando Rivarola; la existencia de discrepancias entre el criterio técnico de supervisión y las decisiones finales; y la evaluación de riesgo respecto a los depósitos públicos e institucionales (como los del IPS). También se consulta sobre los efectos de la excepción contable aplicada por la absorción de Visión Banco en los indicadores de solvencia. El BCP contará con un plazo de 15 días para responder a la solicitud, aclarando los legisladores que este pedido de informe busca constatar los controles realizados y no prejuzga la existencia de irregularidades.
