Un grupo de poderosos comerciantes de Ciudad del Este, varios de ellos con estatus de cónsul honorario de distintos países, están siendo investigados por autoridades estadounidenses por su presunta participación en el envío de remesas al grupo extremista Hezbollah. Las operaciones financieras bajo sospecha habrían salido desde la zona de la Triple Frontera, foco habitual de investigaciones por lavado de dinero y financiamiento ilícito.
El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta US$ 10 millones por información que conduzca a los mecanismos de financiación de la organización chiíta libanesa Hezbolá, en la zona de la triple frontera.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. evalúa posibles sanciones bajo la Ley Global Magnitsky y otras herramientas legales para frenar el financiamiento ilícito al grupo considerado terrorista por Washington. Las autoridades paraguayas, por su parte, han iniciado una cooperación más estrecha con sus pares estadounidenses para identificar a los responsables y desmontar la estructura financiera que estaría facilitando estos envíos.
Este nuevo escándalo pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de la región ante redes internacionales de financiamiento ilegal y el desafío que representa su control para la seguridad regional.
