El Poder Ejecutivo remitirá este viernes al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca garantizar la continuidad operativa de empresas vinculadas al Grupo Vázquez que no estén intervenidas por la Justicia ni bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La propuesta contempla la designación de administradores provisorios por un periodo inicial de ocho meses, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y evitar el cierre de las firmas.
El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, confirmó que la iniciativa será presentada este viernes y explicó que apunta a proteger a las empresas que no están directamente afectadas por el proceso de intervención de Ueno Bank, pero que podrían enfrentar dificultades para continuar operando.
“Nos preocupa la suerte de las empresas o sociedades no vinculadas o afectadas directamente con el proceso de intervención de Ueno Bank”, manifestó González durante una entrevista radial.
El funcionario señaló que el proyecto comenzó a elaborarse el viernes pasado y fue socializado con distintas instituciones, entre ellas los ministerios de Economía e Industria y Comercio, el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Asimismo, indicó que la propuesta fue conversada con representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay, quienes, según afirmó, expresaron una postura favorable a la iniciativa.
Administración provisoria por ocho meses
El proyecto establece la creación de un consejo integrado por representantes del Poder Ejecutivo, los ministerios de Economía, Industria y Comercio y Trabajo, además del Banco Central del Paraguay.
Este organismo tendrá la responsabilidad de evaluar la situación de las empresas comprendidas en la normativa, supervisar su funcionamiento y designar administradores provisorios en los casos que correspondan.
“Se corroborará que las empresas existan y que tengan posibilidad de movimiento, se nombrará un administrador provisorio”, explicó González.
La normativa tendrá carácter especial y transitorio, con una vigencia inicial de ocho meses. Durante ese periodo se buscará determinar la situación de cada firma y establecer las condiciones necesarias para reactivar sus operaciones.
Los administradores designados percibirán sus remuneraciones de los ingresos generados por las propias empresas. Además, se revocarán los mandatos y poderes de los actuales responsables de las firmas alcanzadas por la ley.
Los nuevos administradores deberán rendir cuentas de manera permanente ante el consejo y contar con su autorización para adoptar decisiones.
Analizan eventual venta de empresas
González explicó que, una vez recuperada la capacidad operativa y financiera de las empresas, se evaluarán distintas alternativas para definir su futuro, incluida la posibilidad de que sean adquiridas por terceros interesados.
Según indicó, los recursos obtenidos mediante una eventual venta podrían destinarse al pago de los ahorristas y, eventualmente, al cumplimiento de obligaciones salariales pendientes.
El asesor jurídico sostuvo que el Ejecutivo espera un tratamiento rápido de la propuesta en el Congreso Nacional, a fin de establecer un mecanismo legal que permita mantener en funcionamiento a las empresas que no están directamente comprometidas en la intervención de Ueno Bank.
La iniciativa busca evitar la pérdida de valor comercial de estas firmas, preservar su actividad económica y reducir el impacto que un eventual cierre podría generar sobre los trabajadores.
