Las negociaciones en la Itaipú Binacional no será tarea fácil. El Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil (TCU) urgió al gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva presentar en 60 días un plan sobre la revisión del Anexo C de la entidad. Este órgano cuestiona el acuerdo operativo firmado en 2007 que otorga el derecho y da prioridad a Paraguay de contratar toda la potencia excedente a un menor precio.
Este acuerdo, que tuvo como base las dos turbinas que precisaba Brasil, que implicaba una mayor deuda que Paraguay asumía sin necesitarlo, vence el próximo 31 de diciembre. De no renovarse, la ANDE podría abonar por la totalidad de la potencia que contrate, o en su defecto compartir el excedente en igualdad con el vecino país. Este escenario sería nefasto puesto que encarecería la compra que hace el ente energético de nuestro país y que la pagan los paraguayos.
El TCU pidió celeridad en la preparación del material que será utilizado en la renegociación del tratado, argumentando que el personal técnico del órgano identificó consumidores brasileños que están subsidiando las facturas de los paraguayos a través de la opción del gobierno paraguayo de comprar energía más barata de la planta.
Según la auditoría del Tribunal, “Paraguay tiene contratadas potencias inferiores a sus necesidades reales y compensó ese desfase con el uso de esa energía libre, que sería el excedente producido por la planta, que puede contratarse a precio de costo al final del año la compra de energía vinculada, dividida entre los países. En 2019, por ejemplo, el coste de la energía no vinculada a la potencia contratada fue de 6,07 dólares/MWh, mientras que la energía vinculada costó 43,87 dólares MWh”.
El fallo argumenta que “como resultado de este procedimiento, en 2020 los consumidores paraguayos aportaron el 12 % del costo de la planta, pero se beneficiaron de más del 20 % de la energía generada por Itaipú”.
Fuente: ADN Digital
