El Ministerio Público imputó a cinco exfuncionarios vinculados a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y a una exasistente fiscal, por su presunta participación en una estructura que habría filtrado información sensible de investigaciones sobre narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Los imputados son Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas; Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, exjefe de Inteligencia; Aldo Osmar Pintos Martínez, excomandante de las Fuerzas Especiales; Alicia Marlene Vázquez, exjefa de Investigación de Crimen Organizado; y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal.
Según la imputación fiscal, Amarilla, Pintos y Solís habrían proporcionado a Gomes información clave sobre operativos contra el narcotráfico. En el caso de Pintos, los datos presuntamente llegaban al entonces diputado a través de Solís.
La Fiscalía también vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes, registrada durante el operativo “Sanctus”, realizado en diciembre de 2023. De acuerdo con la acusación, los tres habrían contribuido a frustrar su detención y a evitar que salieran a la luz sus presuntos vínculos con Gomes.
En el caso “Pavo Real I”, Amarilla y Vázquez son señalados por su intervención en un informe elaborado a partir de datos extraídos de teléfonos celulares. Según el Ministerio Público, en el documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su presunta vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera identificado nominalmente, aunque el informe conservó un mensaje que advertía sobre su relación con la propiedad.
La investigación también señala que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022. Por su parte, Pintos presuntamente solicitó al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.
Respecto a Helga Solís Gómez, la Fiscalía sostiene que habría sido una persona de confianza del entorno de Gomes y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, habría actuado como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y acceder y filtrar información confidencial.
