En una insólita decisión, el tribunal de sentencia, presidido por el juez Fabio Aguilar Benítez, e integrado por Vitalia Duarte y Serafín González, resolvió interrumpir un juicio oral y público relacionado a abuso sexual en niños, luego de tres meses de haberlo abierto. La nueva fecha para abrir el nuevo juicio fue fijada para el 15 de febrero del 2024, hecho que le da al decisorio un tufo de acuerdo errado del colegiado de sentencia.
Para hacer notar su parcialidad, el tribunal ordenó la notificación telemática a los involucrados en el caso, cuando en circunstancias precedentes no permitió el uso del sistema electrónico en el proceso. La abogada querellante, Noelia Núñez, recibió la notificación el lunes en horas de la tarde por parte de la ujier notificadora Luisa Sosa, según las constancias. El juicio, desde su inicio, se llevó a cabo a “cuotas”, ya que solo escuchaban a uno o dos testigos para llamar a cuarto intermedio.
Antes del decisorio, el acusado, Ignacio Bedoya, recusó a la fiscal del caso, Vivian Coronel, y al mismo tribunal de sentencia y se estima que fue apenas un acto preparatorio ya acordado con los integrantes del colegiado de sentencia.
INTERRUPCIÓN ARREGLADA
El auto interlocutorio nº 549 del pasado 4 del corriente alude al artículo 373 del Código Procesal Penal, que dispone la continuidad y los casos de suspensión de juicios orales y públicos. El juzgamiento del procesado se inició en el mes de setiembre pasado y el tribunal utilizaba el tope de plazo para convocar nueva audiencia. Estas verdades pueden ser visualizadas en los antecedentes del contradictorio público.
El tribunal, conformado por Aguilar, Duarte y González, tiene en su historial varios juicios auditados en la Corte Suprema, aunque sin resultados socializados a la fecha. Se habla de libertinaje judicial y aplicación abusiva del derecho, cuando se omite el “interés superior del niño/a” víctima de hechos punibles. Este es un caso gravísimo porque en las previsiones ya se había solicitado un fiscal coadyuvante, pero la recusación alcanzó al colegiado.
La excusa del reposo médico por 48 horas del juez Serafín González, que tornó “imperiosa la necesidad de interrumpir el juicio”, resulta insólito dado que para ello se cuenta con un suplente en cada tribunal de sentencia. El juicio tiene un cómputo de plazos totalmente traído de los pelos, al menos para la querella adhesiva.
De hecho, en lo que resta del año no se tendrá sentencia definitiva en el caso, al decretarse la interrupción del juicio abierto hace tres meses.
Fuente: La Clave
