Un acuerdo privado firmado ante escribano público revela que el abogado y actual precandidato a concejal de Ciudad del Este por la ANR, Francisco Aristides Clerch Almada, figura como beneficiario del 20% de las ganancias generadas por la explotación publicitaria de cartelerías instaladas sobre la Ruta PY02.
El documento fue suscrito el 11 de mayo de 2021, semanas antes de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) otorgara a la empresa Fast Print un convenio por diez años para la revitalización y explotación de espacios ubicados en la franja de dominio estatal, desde la cabecera del Puente de la Amistad hasta el kilómetro 4 de Ciudad del Este.
El acuerdo notarial fue firmado por Ceferino Antonio Díaz, propietario y representante legal de Fast Print; José Armando Fuentes Sepúlveda, ciudadano chileno; y Francisco Aristides Clerch Almada. Según lo establecido, las utilidades derivadas del convenio serían distribuidas en un 40% para Fast Print, otro 40% para Fuentes Sepúlveda y el 20% restante para Clerch.
El convenio con el MOPC fue suscrito el 7 de junio de 2021 por el entonces ministro Arnoldo Wiens Durksen y el representante de Fast Print. El proyecto contemplaba la instalación de paneles LED, gigantografías, refugios peatonales, iluminación, mástiles con banderas y mejoras ornamentales en espacios públicos estratégicos de Ciudad del Este.
Sin embargo, el acuerdo privado firmado previamente genera interrogantes sobre el rol desempeñado por Clerch en la obtención del convenio, ya que el documento no especifica en qué carácter fue incorporado como beneficiario de una parte de las ganancias. La existencia de este pacto sugiere que la distribución de utilidades fue acordada antes de la formalización del convenio con el Estado.
Clerch se desempeñó como asesor jurídico departamental del MOPC durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y actualmente es precandidato a concejal por el sector abdista de la ANR en Ciudad del Este.
Su nombre cobró notoriedad nuevamente tras el escándalo generado por la difusión de mensajes considerados ofensivos y racistas en las pantallas LED ubicadas en inmediaciones del Puente de la Amistad. En aquella ocasión, pidió identificar y sancionar a los responsables de la publicación de las imágenes, aunque no hizo referencia al convenio con el MOPC ni a su participación en las ganancias derivadas de la explotación de dichos espacios publicitarios.
Fuente: ABC
