JUAN LEÓN MALLORQUÍN, Alto Paraná. Una auditoría externa detectó un daño patrimonial de más de G. 3.000 millones correspondiente a la gestión del exintendente Mario Noguera Torres (PLRA) durante el periodo 2015-2021. Mayormente se habla de la falta de documentos que respalden los gastos. Por su parte el sindicado dijo que se trata de una persecución política del sector cartista.

A pedido del ejecutivo municipal a cargo de Elvio Coronel (Indep.), la Junta Municipal aprobó someter a una auditoria externa las ejecuciones presupuestarias del exintendente liberal Mario Noguera Torres desde 2016 al 2021. Para ese fin, se contrató a un equipo auditor encabezado por la licenciada Mirna Giménez, quien en sesión del pleno presentó los resultados del trabajo.

Se menciona el hallazgo de una serie de irregularidades, con un supuesto daño patrimonial que suma más de G. 3.000 millones y que fueron expuestos caso por caso por la auditora responsable.


Como una de las primeras observaciones se cita que no se han depositado íntegramente las recaudaciones recibidas por la institución municipal en los bancos habilitados ni tampoco se han cumplido con los plazos establecidos en las disposiciones legales.


En cuanto a ingresos y depósitos, se detalló que existe una diferencia de G. 118.530.204 de dinero que presuntamente no ingresó a las arcas municipales en el periodo mencionado.

Se detectó que se hicieron transferencias entre cuentas de los recursos de Royalties, Fonacide y genuinos, y que esa situación demuestra que existió debilidad financiera y falta de planificación de los pagos. Asimismo no se encontraron documentos respaldatorios de varios movimientos financieros.

“Durante esta auditoría hemos verificado los documentos y prácticamente constatamos cinco a seis biblioratos que ni una sola firma tenían, ni del administrador ni del intendente. Son órdenes de pago en blanco, pero que fueron ejecutados. Esa fue una de las falencias principales que hemos detectado en cuanto a procedimientos administrativos”, explicó la profesional.

Agregó que al realizar las conciliaciones bancarias encontraron que algunos cheques fueron cobrados y que se hicieron constar en diferentes objetos de gastos, pero no se detallaron quienes fueron los beneficiarios. A través de la intendencia solicitaron a las entidades bancarias una copia de los cheques para determinar quienes procedieron al cobro.


”De acuerdo con las copias proveídas por el banco pudimos constatar que esos cheques fueron emitidos, por darles un ejemplo, en la orden de pago número 264 de G. 12 millones, que no tienen ningún documento respaldatorio, solamente la orden de pago en blanco, fue emitido a nombre de Mario Noguera Torres (exintendente) y cobrado por el mismo conforme al cheque endosado”, explicó.


En otro punto se hizo mención a un débito de más de G. 200 millones, que presupuestariamente figura en el gasto de construcciones con uso de recursos genuinos, pero que no cuenta con orden de pago y ni documentos que respalden la operación.

En cuanto a los comprobantes recibidos de diversos pagos, se procedió a contrastar los datos con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y se halló que muchas facturas no eran válidas; en este caso suman un daño de G. 344 millones.

Préstamo de G. 1.000 millones para proyecto que no se ejecutó


Por otra parte, la auditora Giménez precisó sobre un préstamo de G. 1.000 millones de capital que había solicitado la intendencia en el año 2017 con venia de la Junta Municipal para financiar proyectos de infraestructura, que en la práctica no se ejecutaron.


“En realidad no fueron utilizados para ningún proyecto, al menos nosotros no tuvimos acceso ni tampoco a la ordenanza por la cual se aprueba dicho proyecto”. Al no contar con los papeles del supuesto proyecto, se dio seguimiento al movimiento financiero de ese préstamo desde el momento en que se acreditó en la cuenta de recursos propios. “Con este monto fueron pagados gastos corrientes y una parte de los recursos se repuso a la cuenta de Fonacide. La mayoría de este préstamo fue pagado con recursos de Royalties”.

Explicó que todas las observaciones cuantificadas arrojan un monto total de G. 3.183 millones. A esto se suma que ingenieros fiscalizaron un total de ocho obras y que detectaron inconsistencias de más de G. 300 millones.

Tras un debate, por mayoría el pleno aprobó derivar el informe a la intendencia para que comunique el caso a las instituciones correspondientes.

Exintendente Mario Noguera Torres (PLRA) periodo 2015-2021