Este jueves, en el Palacio de Justicia de la capital, la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, recusó al juez Humberto Otazú por presuntos nexos con el clan Zacarías, según indicó su abogado.
La defensa del intendente de Ciudad del Este, , recusó este jueves al juez de la causa, Humberto Otazú. Aseguran que cuentan con pruebas de presunto nexo del magistrado con el clan Zacarías, integrado, entre otros, por la exintendenta de la capital altoparanaense Sandra de Zacarías y su esposo, también exedil y actual parlamentario Javier Zacarías Irún.
Por su parte, el abogado del intendente de Ciudad del Este, Guillermo Ferreiro, manifiesta que existe una “total parcialidad del juez (Humberto Otazú) que resolvió diferir la resolución de los incidentes hasta que se resuelva una contienda de competencia”.
Asegura que el magistrado incumplió su propia resolución y que con eso demuestra que existen “presiones” en el caso de su cliente Miguel Prieto.
“No estando firme su competencia, él mismo resuelve su competencia sin revocar la providencia anterior, lo que demuestra desprolijidad”, especificó.
Compadre de la esposa de Justo Zacarías
Según el documento presentado por la defensa de Prieto, el juez Humberto Otazú es compadre de Justo Zacarías Irun y de su actual esposa, la diputada Rocío Abed.
También menciona que Justo Zacarías es hermano de Javier Zacarías Irun, “enemigo declarado de Prieto”.
Agrega que la “grave irregularidad procesal genera sospecha de falta de imparcialidad sobre el juez y es causa suficiente para dar lugar a la recusación”.
Ferreiro sostiene que el objetivo es sacar a Miguel Prieto de la intendencia de Ciudad del Este y “después ver qué pasa con la causa.
Caso “tía Chela”
El caso por el cual es investigado el intendente de Ciudada del Este, Miguel Prieto, es denominado “tía Chela” y data del 2020, año de pandemia.
Se trata de la presunta compra fraudulenta de alimentos, por lo que la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario del jefe comunal y de otros diez coimputados.
Según la imputación fiscal, la Municipalidad esteña habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos, mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.
Fuente: ABC