UNA OPERACIÓN PRESUNTAMENTE ILEGAL DESATÓ EL CONFLICTO
El desvío de unos 6 millones de dólares, está ocasionando una feroz batalla judicial entre empresarios coreanos, todos pertenecientes a la familia Kim. Las diferencias internas entre los accionistas ya existían, pero la crisis se agravó con el descubrimiento del millonario desfalco que luego derivó en una pelea judicial y a la vez mediático.
La controversia societaria en K&K Shopping’s S.A. se gestó a lo largo de varios años de desacuerdos entre sus accionistas. Para la familia Kim, un episodio resultó decisivo en la escalada de la disputa: la explotación comercial de un inmueble del Shopping París que había sido entregado en comodato a Susana Hsiao Hua Wang.
El contrato de comodato presentado por la familia establece que el espacio no podía ser cedido ni subarrendado, en forma total ni parcial. Pese a esa cláusula, los Kim sostienen que el inmueble fue subalquilado a un tercero a través de JS Family Inmobiliaria S.A.
En el acta de Asamblea General Ordinaria presentada figuran como accionistas de esta firma Susana Hsiao Hua Wang y Rosana Kao, quienes también son accionistas de K&K Shopping’s S.A.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra, además, un contrato de julio de 2023 relativo al subarrendamiento del espacio. La familia Kim afirma que los ingresos obtenidos mediante esa operación no habrían ingresado íntegramente a K&K Shopping’s S.A. ni se habrían distribuido entre sus accionistas conforme a sus participaciones.
Según sus cálculos, el perjuicio acumulado rondaría los USD 6 millones. La familia sostiene que Susana Hsiao Hua Wang habría aprovechado información interna y su posición dentro de la sociedad para obtener un beneficio económico particular. La existencia de un perjuicio, su monto y las eventuales responsabilidades forman parte de los hechos controvertidos.
UNA DISPUTA ANTERIOR AL HALLAZGO
La familia Kim señala que la operación cuestionada no fue el único origen del conflicto. De acuerdo con su relato, las diferencias entre accionistas se habían intensificado en medio del conflicto personal entre Susana Hsiao Hua Wang y Kao Chung Lee. El descubrimiento del subarrendamiento, afirma, dio una nueva dimensión al enfrentamiento.
Desde esa perspectiva, una de las cuestiones centrales es determinar quién recibió los ingresos generados por la explotación del inmueble y a quién correspondían esos fondos, considerando las restricciones establecidas en el comodato.
Los Kim solicitan que se examine si personas con participación en K&K Shopping’s S.A. e información sobre sus actividades utilizaron esa posición para concretar una operación en beneficio propio y en perjuicio de la empresa y los demás accionistas.
Según la familia, las averiguaciones sobre el inmueble coincidieron con un agravamiento de las tensiones internas. Posteriormente surgieron cuestionamientos a su administración, a las asambleas y a decisiones sobre distribución de utilidades, rescates y aumentos de capital. A su juicio, esos reclamos desplazaron la discusión sobre el destino de los ingresos provenientes del espacio comercial.
EL DEBATE SOBRE LAS ASAMBLEAS
La familia Kim rechaza los cuestionamientos actuales a determinadas asambleas de K&K Shopping’s S.A. Sostiene que, desde 2009, las convocatorias siguieron el mismo procedimiento, con respeto de las formas y los plazos establecidos y publicación en el diario correspondiente. Añade que las actas fueron presentadas anualmente ante la Abogacía del Tesoro y cuentan con sus respectivas constancias.
También afirma que los demás accionistas participaron durante años en esas reuniones y firmaron las actas sin formular objeciones. Como ejemplo, señala que Susana Hsiao Hua Wang suscribió personalmente actas de 2022 y 2023.
La familia plantea una aparente contradicción entre el tratamiento dado a dos actas recientes que, según sostiene, fueron elaboradas mediante el mismo procedimiento. La contraparte solicita la nulidad de la correspondiente al aumento de capital, mientras que reclama judicialmente la ejecución de otra vinculada al rescate de capital para distribuir utilidades.
“Si ambas asambleas fueron convocadas y realizadas mediante el mismo procedimiento, corresponde esclarecer por qué se cuestiona la validez de una mientras se pretende ejecutar la otra”, sostiene la familia.
Los Kim afirman que cuentan con actas, constancias de la Abogacía del Tesoro y comprobantes de los fondos aportados en el aumento de capital para respaldar su posición.
Otro cuestionamiento de la familia Kim se refiere a la rapidez con que el agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero formuló una imputación en su contra. Según su representación, la denuncia se presentó un miércoles y la imputación tuvo lugar el lunes siguiente.
La familia afirma que, antes de esa decisión, no fue convocada a declarar ni tuvo oportunidad de exponer su versión y presentar la documentación que considera relevante. Sostiene, además, que conoció la imputación por publicaciones en medios de comunicación y redes sociales.
Su defensa considera que el análisis de una controversia empresarial de varios años requiere atender en conjunto los contratos, las decisiones societarias, las inversiones, la distribución de utilidades y las relaciones entre accionistas. Según su versión, esos antecedentes no habían sido examinados de manera integral antes de que el caso avanzara en el ámbito penal.
LA GESTIÓN DEL SHOPPING
PARÍS DESDE 2009
El abogado Hugo Núñez, representante de la familia Kim, sostiene que sus integrantes estuvieron principalmente a cargo de la administración del centro comercial, los acuerdos comerciales y las relaciones con proveedores nacionales e internacionales desde 2009.
Durante ese periodo, señala, se realizaron aportes e inversiones para sostener y ampliar el emprendimiento. Entre las mejoras mencionadas figuran obras de infraestructura y trabajos en climatización, ventilación, estacionamientos, seguridad, iluminación y sanitarios.
Núñez afirma que la familia asumió durante años la gestión cotidiana, las inversiones y los riesgos asociados al crecimiento del Shopping París. “Nos toca defendernos porque sabemos que durante años quienes venían invirtiendo y sosteniendo la administración eran los integrantes de la familia que estaban al frente de la empresa”, expresó.
Para los Kim, la controversia reúne dos cuestiones que deben ser consideradas: las acusaciones formuladas en su contra y el destino de los ingresos de la operación comercial que cuestionan.
La familia solicita que ambas sean examinadas con los mismos criterios y garantías. Pide esclarecer las condiciones del comodato, el posterior subarrendamiento, los ingresos que este generó, sus beneficiarios y el eventual perjuicio para K&K Shopping’s S.A. También reclama que se consideren las actas, los aportes, las inversiones y las decisiones sobre utilidades y capital que integran la disputa societaria.
