El Departamento Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha cuestionado la normativa de importación sin registro sanitario, lo que genera preocupación sobre la seguridad y calidad de los productos importados. Óscar Orué, Director Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), expresó su opinión sobre la importación sin registro sanitario en una entrevista con Radio Itapiru. Enfatizó que la ley es clara al respecto y que para importar es necesario tener un registro sanitario del INAN o de DINAVISA, de lo contrario es una amenaza para la salud pública.
El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué también señaló que varias empresas están utilizando permisos judiciales para importar productos del extranjero sin cumplir con el proceso regular, lo que perjudica a otras empresas que sí cumplen con la ley. Un ejemplo de esto es la empresa L.A. Business S.A., que consiguió el año pasado una medida cautelar para despachar alimentos y bebidas sin control sanitario.
El esquema es como sigue:
Las Empresas como Borgaro S.A., Global Stuff S.A. y Martinar S.A. importan mercaderías desde distintos puntos del extranjero y las trasladan a la zona primaria aduanera en Paraguay, donde las facturan o venden a L.A. Business S.A. Esta última empresa obtuvo una medida cautelar para despachar alimentos y bebidas sin control sanitario en COMERCIOS MAYORISTAS, lo que genera preocupación sobre la seguridad y calidad de los productos. La empresa L.A. Business S.A, sería de maletín porque ni el propio Instituto Nacional de Alimentos y Nutricional (INAN) no pudo constatar su dirección física declarada (según nuestra fuente). El Empresario Felipe Cogorno es uno de los dueños del citado conglomerado.
La firma L.A. Business S.A, que tiene como propietarios al ecuatoriano Luis Fernando Álvarez Jaramillo y a la brasileña Sandra de Oliveira, aparece mencionada en varias oportunidades en un informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que se utilizó en la investigación contra el senador Érico Galeano, en el marco del operativo “A Ultranza Py” , que terminó con la imputación del legislador por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.
