Un aumento exponencial en las inversiones de la empresa Aldia SA, vinculada al expresidente Mario Abdo Benítez, enciende las alertas de las autoridades fiscales y de prevención de lavado de dinero. Durante el ejercicio 2023, la compañía experimentó un aumento del 2.799% en sus inversiones a largo plazo, pasando de G. 1.397.520.257 a G. 40.515.470.257 en solo un año.
Este vertiginoso incremento suscita serias dudas sobre la legalidad y el origen de los fondos depositados en las cuentas de la firma. La situación se complica aún más al considerar que casi toda la rentabilidad declarada por Aldia SA fue dirigida a las “reservas operativas”, mientras que las inversiones a largo plazo se dispararon de manera inexplicable.
La administración tributaria señaló que el dinero podría haber sido introducido al sistema financiero a través de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), en una cantidad casi 28 veces superior a la del año anterior. Este dato levanta sospechas sobre el origen de estos fondos y plantea preguntas cruciales sobre si el dinero proviene realmente de las ganancias de la empresa.
En paralelo, se observa un incremento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde la asunción de Abdo Benítez, lo cual pone bajo la lupa de la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Las inconsistencias en los estados financieros de Aldia SA y el misterioso destino de las utilidades llevaron a una solicitud de intervención de la Seprelad para esclarecer la trazabilidad de las operaciones financieras.
Las empresas vinculadas a Abdo Benítez, Createc SA y Aldia SA, destinaron la mayor parte de sus ingresos a reservas operativas, sin evidenciar el uso de dichos fondos, ya que las actas de las asambleas no están disponibles. Más del 90% de las utilidades obtenidas fueron dirigidas a estas reservas, generando sospechas sobre su correcta aplicación conforme a la legislación tributaria.
Aldia SA ya había sido sometida a una fiscalización por parte de la DNIT, que detectó inconsistencias por G. 100 millones. Aunque se indicó que las irregularidades fueron “subsanadas”, persisten dudas sobre las fiscalizaciones anteriores y la gestión de los fondos de reserva. La Contraloría General de la República solicitó una revisión detallada para determinar si el destino de estos recursos es adecuado y si podría haber implicaciones significativas para el expresidente Mario Abdo Benítez.
Fuente: ADN
