La audiencia preliminar del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y de los demás procesados en el denominado caso Tajy continuó este lunes con el análisis de los incidentes planteados por las defensas, luego de que el Ministerio Público ratificara la acusación y solicitara la elevación de la causa a juicio oral y público.
El fiscal Silvio Corbeta informó que el juez Humberto Otazú dispuso un cuarto intermedio mientras se estudian los planteamientos presentados por los abogados defensores.
La Fiscalía acusa a Miguel Prieto por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Según la investigación, el presunto perjuicio patrimonial asciende a G. 306 millones, monto que habría sido desembolsado para la compra de insumos destinados a la elaboración de panificados durante la pandemia del covid-19.
De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en junio de 2020 y estarían vinculados a un supuesto esquema de compras simuladas mediante la firma unipersonal Tajy. El Ministerio Público sostiene que las mercaderías adjudicadas nunca fueron entregadas y que la empresa proveedora, perteneciente al fallecido Buenaventura Morínigo, se dedicaba a la perforación de pozos artesianos y no comercializaba los productos adquiridos por la comuna.
Asimismo, la Fiscalía afirma que Miguel Prieto habría encabezado, desde la Intendencia, un grupo permanente de funcionarios organizado para la comisión de presuntos hechos de corrupción, postura que fue ratificada durante la audiencia preliminar.
Una vez concluido el análisis de los incidentes pendientes, el juez deberá resolver si hace lugar al pedido del Ministerio Público y eleva la causa a juicio oral y público, o si adopta otra decisión procesal respecto de los acusados.
