Ante la controversia planteada por la empresa británica Atome PLC en torno a su proyecto de producción de fertilizantes en Villeta, la Procuraduría General de la República (PGR) ratificó el compromiso del Estado paraguayo con la seguridad jurídica, el respeto a las inversiones y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Al mismo tiempo, dejó en claro que defenderá los intereses del país.
En un comunicado, la PGR aclaró que actualmente no existe una demanda ni un arbitraje iniciado contra el Estado paraguayo por parte de Atome. La notificación presentada por la compañía constituye un paso previo que habilita un periodo de tres meses para intentar alcanzar una solución amistosa.
“Actualmente, el Estado paraguayo se encuentra analizando los planteamientos de la empresa, por lo que no corresponde anticipar una posición sobre el fondo de la controversia”, señaló la Procuraduría.
La institución reafirmó además que Paraguay mantiene su compromiso con la seguridad jurídica, el respeto a las inversiones y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
“El Gobierno mantiene su apertura al diálogo, pero defenderá con firmeza los intereses del Estado paraguayo y el interés nacional”, sostuvo la PGR.
La controversia está vinculada al proyecto de Atome en Villeta, cuya inversión prevista asciende a USD 665 millones. La empresa sostiene que el emprendimiento fue desarrollado bajo un marco regulatorio y condiciones de suministro eléctrico sobre las cuales basó sus decisiones de inversión. El 17 de septiembre notificó al Estado paraguayo su intención de someter eventualmente el caso a arbitraje internacional, al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y el Reino Unido.
El conflicto por la tarifa eléctrica
El punto central de la controversia gira en torno a las condiciones del suministro de energía eléctrica para la planta de fertilizantes.
En junio pasado, la ANDE rechazó una solicitud de Atome para modificar las condiciones tarifarias y comerciales de su contrato de suministro, tras realizar análisis técnicos y financieros sobre la propuesta.
La situación se agravó luego de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto los decretos que establecían condiciones tarifarias para las denominadas industrias convergentes. Atome sostiene que necesita condiciones eléctricas previsibles para garantizar la viabilidad financiera de su millonario proyecto.
No obstante, la posición de la empresa sobre la tarifa también fue modificada durante las negociaciones. En agosto, Atome informó que había planteado a la ANDE un esquema de USD 35 por MWh durante los primeros cinco años y USD 37 por MWh durante los siguientes cinco, en lugar de una tarifa fija de USD 30 mencionada anteriormente. La ANDE, por su parte, sostuvo que el modelo presentado no resultaba viable financieramente.
Con la notificación presentada esta semana, se abre ahora un periodo de 90 días de consultas entre las partes. Si no se alcanza un acuerdo, Atome mantiene la posibilidad de avanzar hacia un arbitraje internacional.
