La doctora María Victoria Rivas cree que el problema de la prescripción de casos por el transcurso del tiempo, no se va a solucionar a través de leyes más severas o «ley antichicanas”. Plantea activar mecanismos para una sanción moral y social a los abogados que ejercen abusivamente el derecho. Hay profesionales que son más reconocidos por prescripción de casos por chicana, que por sentencias justas a través de la utilización de leyes y herramientas procesales a su disposición. “Se ha tergiversado el valor del ejercicio ético de la profesión”, enfatizó Rivas.
-¿Vos ves un alto porcentaje, un alto índice de un ejercicio abusivo del derecho?
“Absolutamente, nosotros desde el Centro de Estudios Judiciales hicimos una investigación de patrones de chicanas judiciales que se utilizan en todos los casos de corrupción pública. Hemos identificado patrones muy repetitivos, por eso se convierten en patrones porque son iguales”.
-¿Cuáles serían esos, por ejemplo?
“Bueno, todos sabemos el tema de las recusaciones, el tema de la apelación, el tema de los incidentes con apelación en subsidio, hasta llegar al Tribunal, de casación, renuncia el abogado en los juicios orales, renuncia de abogado cuando se va a iniciar el juicio. Hay una serie de actividades procesales que se identifica. Ahora, ¿cuál es la solución a ese problema? Además, ahí hay que señalar Carlos, que el sistema no está preparado como enfrentar eso. El hecho de que hayan prescritos tantas causas porque no se le pudo dar una respuesta rápida a esas chicanas, te demuestra que el Poder Judicial como está organizado no está preparado para darle esas respuestas rápidas. Entonces, en el ejercicio de la profesión se aprovechan de esta vulnerabilidad de la organización del sistema judicial”.
-De la organización del sistema, porque las leyes sancionan castigan. Hay disposiciones que establecen claramente, le da esa facultad al juez e incluso le responsabiliza al juez del avance de los procesos, porque como director de ese proceso él tiene que velar porque eso siga fluido. Entonces para todos nosotros que andamos siempre por tribunales no es muy difícil ver todas esas cuestiones, esos incidentes dilatorios. Sin embargo, se ven muy pocas sanciones, entonces la aplicación de la ley y la aplicación incluso de acordadas que la Corte había sacado para sancionar a los jueces que no aplican esas sanciones disciplinarias. Eso es lo que no se cumple la doctora.
“Bueno, yo creo que ahí es importante analizar varios aspectos. Hay una confusión de responsabilidad por la ausencia de mecanismo de control de funcionamiento de los despachos judiciales, y la mejor herramienta para el control es la organización y la tecnología. Entonces, si vos te organizas para dar respuesta rápida en un día, en horas o en modelos que funcionan en otros países a problemáticas que se presentan, y que ya son problemáticas repetitivas en los tipos de juicio que voy a saber que se van a presentar, vos tenés que organizar el funcionamiento de tus instituciones para darle una respuesta rápida a esa problemática. Lo que yo no creo es que esto pueda solucionarse a través de leyes más severas y que limiten derechos o garantías como la ley antichicana y todo esto que se presenta”.
“Yo creo que esto hay que abordar desde la ética en la litigación. Es decir, y ahí tiene el Poder Judicial tiene su oficina ética, etcétera; entonces hay que activar otros mecanismos que signifiquen sanción moral y social a los abogados. Es decir, en los últimos tiempos fíjate que los abogados son más reconocidos por prescripción de casos por chicana, que por sentencias justas a través de utilización de las leyes y las normas y las herramientas procesales que están a disposición. Se ha tergiversado el valor del ejercicio ético de la profesión, esto es un problema que yo creo que los Colegios de Abogados, los gremios de abogado deberían empezar a abordar en serio este problema”.
“Es un problema complejo, es un problema muy grave, pero se instaló y tiene los resultados en la en la creo que 8 o 9 causas de acuerdo que nosotros investigamos en el Observatorio que prescribieron, pero y eso tiene un costo, no solamente económico por lo que significó la utilización de los recursos de ambas instituciones para llegar a esa instancia y además el perjuicio económico que sufrió el Estado paraguayo, el delito o el juzgamiento que se hizo y otro nivel de gravedad es que esa prescripción que contribuye sobremanera a nuestros niveles de impunidad. Entonces, es como un círculo vicioso, debemos generar mecanismos que le permitan al Poder Judicial a salir de este enredo”.
Fuente: El Observador
